La soberanía popular y el estado de derecho secuestrados

“No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia”.

Montesquieu

Cuando de forma legítima el pueblo se rebela y sale a la calle a expresar su clamor frente a la maloliente situación social o ante el ninguneo que los gobernantes hacen de sus derechos civiles, el TDT Party y sus adláteres de la caverna mediática se apresuran a condenar el clamor popular argumentando que la ciudadanía, que sólo expresa su frustración públicamente, atenta contra el Estado de Derecho. Con su habitual impudicia, atropellan la dignidad  del ciudadano con apelativos como “asalto de los soviets”, "basatunización de la calle", “intifada de Gamonal", "sarta de muyahidines”, incluso alguna se atreve a “condenar los atentados de Burgos”,  haciendo una vil demonización de las reivindicaciones del barrio burgalés de Gamonal ante la sordera de los gobernantes de la ciudad (que se calle la señora Botella que  así está más bonita). 

Al amparo de la defensa del Estado de Derecho argumentan que cuando la ciudadanía rechaza en la calle las maniobras para la  privatización de la sanidad pública, los recortes en educación o dependencia, la resistencia desesperada a los desahuciados, las broncas públicas a los acusados de corrupción…, está incumpliendo las leyes. Y claro, escatiman que las libertades de expresión y sindical, los derecho de manifestación, al referéndum, al trabajo, a una vivienda digna, a la protección de la salud… forman parte del estado de derecho.

En efecto, un Estado de derecho es aquel que se rige por un sistema de leyes e instituciones sometidas a una constitución. Olvidan que incluso las leyes deben estar sometidas a la soberanía popular, lo que, y por cierto ellos obvian, está consagrada en el artículo 1º de la Constitución española de 1978 (“La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.”).

En 1964, el historiador británico Geoffrey Barraclough, en su magnífico ensayo Introducción a la Historia Contemporánea, avisaba de como “el control decisivo en tiempos de la democracia liberal residía en el Parlamento ha pasado o está pasando de las manos del Parlamento a las del partido”. Ello, si es que deriva a una forma de dictadura de los partidos, es una adulteración de la democracia que el pueblo tiene derecho a rechazar con toda su energía.

Cuando los gobernantes rompen el pacto social con sus ciudadanos utilizando el mandato de las urnas para incumplir sistemáticamente las promesas que hicieron para ser elegidos y establecen leyes no queridas por casi nadie y al servicio de intereses mezquinos, se está produciendo un secuestro de hecho de la soberanía popular y del estado de derecho. Las leyes tienen que servir a la mayoría. Si éstas son opacas y favorecen preferentemente el beneficio de unos pocos (mercados financieros, lobbys y grupos de presión), en detrimento de la mayoría, son sencillamente una perversión del Estado de derecho y de la democracia. 

Criminalizar al pueblo por negarse a ello no es honesto. La soberanía popular no puede quedar secuestrada cada cuatro años en aras del estado de derecho y de ideologías partidarias. En cambio, y frente a ello, el pueblo está legitimado a movilizarse para recuperar sus derechos y su soberanía.

Y a veces, con resultados que restablecen la justicia y la dignidad ciudadana, como han acreditado recientemente los vecinos de Gamonal, frente a decisiones contrarias a sus legítimos intereses, o el pueblo de Madrid, en defensa de la sanidad pública. Como ellos han demostrado, la conquista de la democracia es una tarea inacabada y sinuosa en la que es necesario adoptar actitudes individuales de compromiso y de rebeldía frente a la sumisión del rebaño. 

A.J.G.G.